lunes, 11 de junio de 2012
martes, 22 de mayo de 2012
Nos parece muy instructiva la experiencia de este Ayuntamiento que ha conseguido, no sólo no tener números rojos sino un superavit de 5,4 millones, a base de gestionar con sentido común
Torrelodones: un ayuntamiento gobernado por vecinos que logra superávit pese a la crisis
ÁNGEL CALLEJA 02.03.2012
• El consistorio cerró 2011 con un beneficio de 5,4 millones de euros, superando los
600.000 que obtuvo en el ejercicio anterior.
• La formación Vecinos por Torrelodones, con apenas seis años de vida, acabó el año
pasado con 24 años de gobierno del PP.
• Ni la alcaldesa, abogada de profesión y antes en las Páginas Amarillas, ni sus concejales
son políticos profesionales.
• El Consistorio ha bajado los sueldos, ha recortado las fotocopias y las comidas y ha
prescindido de la grúa municipal para ahorrar.
No son políticos profesionales (ni quieren), siguen siendo amigos pese a las dificultades que
entraña la gestión del dinero público y algunas de sus fotos institucionales no desentonarían en
absoluto en cualquier página personal de Facebook.
Con corbata o sin ella, con camisa de manga corta o incluso luciendo los colores de la selección
española. Así posan los concejales del equipo de Gobierno que, con la alcaldesa Elena Biurrun
al frente, ha conseguido que Torrelodones alcanzase en 2011 hasta 5,4 millones de superávit.
El único secreto, asegura el primer teniente de alcalde y uno de los fundadores del partido
Vecinos por Torrelodones (VxT), Gonzalo Santamaría, es administrar las cuentas de todos como
cada uno haría con su libreta de ahorros: "Si hay dinero, arreglamos el baño primero, que es lo
prioritario, en lugar de comprarnos una tele de plasma en el comercio más caro, que es lo que
se había estado haciendo hasta ahora".
Más que un casino
Este municipio de carácter eminentemente residencial, con 22.354 habitantes y situado al pie
de la autovía A-6, en el norte de Madrid, se ha acostumbrado a las cosas poco comunes. En
primer lugar, en sus terrenos alberga el hasta hace poco único gran casino estilo 'Las Vegas' de
la región, al que ahora hace la competencia el de Aranjuez.
Su alcaldesa, abogada y trabajadora, entre otras empresas, de Páginas Amarillas, pertenece a
un partido fundado hace apenas seis años por vecinos del pueblo. Nada más llegar al cargo en
2011, y a la inversa de lo ocurrido en otras localidades de Madrid como Alpedrete, Tres Cantos o
Collado Mediano, se bajó el sueldo un 20%. Fue su primera promesa electoral cumplida.
Todos los sueldos de la corporación municipal están colgados en la página web del
ayuntamiento. Solo ella, el concejal Gonzalo Santamaría (docente de profesión, portavoz y
responsable de Régimen Interior, Seguridad y Educación) y su compañera Raquel Fernández
(empresaria reconvertida a gestora de Fomento, Comercio, Sanidad y Turismo) cobran de
manera exclusiva del Ayuntamiento. El resto reduce su nómina y compatibiliza sus tareas con
sus empleos para ahorrar dinero al Ayuntamiento. El concejal de Deportes, Carlos Beltrán, es
actor.
Cargos, coches, comidas y contratos
Por ahorrar empezó el nuevo gobierno municipal para llegar a ingresar 5,7 millones de euros
más de lo gastado en 2011. Los primeros en sufrir la tijera fueron los cargos políticos de
confianza nombrados por el anterior alcalde. "Ahorramos 300.000 euros anuales
prescindiendo de ellos". Detrás fueron la grúa municipal, que, por sus dimensiones, ni siquiera
podía maniobrar por muchas calles, la furgoneta de atestados de la Policía Municipal, que
apenas se usaba, y el coche oficial del alcalde.
Ahora, no pagamos ni el personal ni los seguros de la recogida de coches. Se llama a la grúa de
Villalba y lo paga el infractor. El alquiler de la furgoneta policial eran 1.800 euros mensuales. El
coche del alcalde, casi el doble. Además usaba a dos policías como chófer y escolta a los que
hemos devuelto a sus funciones de seguridad y vigilancia de calles o colegios", explica el
concejal. También se rescindió el contrato de 40.000 euros anuales del antiguo responsable de
prensa, que, además, contaba con una ayudante adjunta.
Las medidas de ahorro han llegado a la luz, el agua o el papel de las fotocopias. Ello incluye la
cancelación de las autorizaciones de gasto abiertas para comidas y aperitivos por valor de
25.000 euros. Además se han renegociado los contratos con las empresas de basuras, limpieza
y demás servicios urbanos por valor de 400.000 euros. "Algunos no querían o decían que ya lo
habían hablado con el anterior alcalde, pero han tenido que aceptar".
Solo con convertir una de las calles de la localidad en una vía de doble sentido le han arañado al
Consorcio Regional de Transportes 140.000 euros anuales por el servicio de autobús.
De esta forma, mientras 'hermanos mayores' con muchos más recursos como Móstoles (el más
grande de la región tras la capital con 205.015 vecinos), Parla (121.995), Alcorcón (168.299), el
vecino Collado Villalba (63.545) o el propio Ayuntamiento de Madrid sufren la parálisis de sus
arcas, Torrelodones paga "en tiempo y forma" a los proveedores con una tasa de efectividad
del 94%.
Gonzalo Santamaría añade como factor determinante el crecimiento en la recaudación de
impuestos (+7,9%), de las transferencias del Estado (900.000 euros) y los 2 millones de euros
extra conseguidos por plusvalías sobre terrenos. "La bajada de sueldo a los funcionarios que ha
venido del Gobierno central no ha permitido obtener otros 1,1 millones, pero podemos decir
orgullosos que tenemos la mayor parte del mérito. Esperamos mejorar aún más", zanja.
Un partido de 'aficionados'
La historia de Vecinos por Torrelodones comenzó hace siete años como una plataforma que se
oponía a la construcción de la urbanización con campo de golf que pretendía impulsar el
entonces alcalde, Carlos Galbeño (PP). Su trabajo fue un completo éxito: consiguieron paralizar
el desarrollo y, ya en 2011, la Comisión Europea ratificó la imposibilidad de levantar viviendas en
los encinares protegidos de la Cuenca del río Manzanares.
Aprovechando el trabajo y el reconocimiento alcanzado entre los torresanos, decidieron
constituirse como partido político apenas tres meses antes de las elecciones municipales que
se celebraron el 27 de mayo de 2007. "Nos dimos cuenta de que había muchas cosas que
funcionaban mal, no solo lo referente al medio ambiente", confiesa Santamaría.
El día de las votaciones, la formación dio su segunda sorpresa al obtener cuatro concejales
frente a los nueve del PP, los tres del PSOE y el único edil logrado por la también formación
independiente Actúa. Cuatro años más tarde, con el aval de haber ejercido durante cuatro años
como primer partido la oposición, los novatos dieron la sorpresa. El 26 de abril de 2011 la
cabeza de lista Elena Biurrun se convertía en alcaldesa con nueve concejales.
lunes, 23 de abril de 2012
El ayuntamiento se está planteando dar una utilidad a los policías locales en segunda actividad y ahorrar en empresas de seguridad
Nos parece muy bien que se ponga en marcha una de las medidas propuestas por Zaragoza Crítica en nuestro documento Medidas de ahorro y transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza
Nos parece muy bien que se ponga en marcha una de las medidas propuestas por Zaragoza Crítica en nuestro documento Medidas de ahorro y transparencia en el Ayuntamiento de Zaragoza
martes, 27 de marzo de 2012
lunes, 19 de marzo de 2012
Funcionarios y enchufados
EL MIRADOR. No todos los empleados públicos son funcionarios. A estos últimos se les dirigen críticas desmesuradas, olvidando que defienden con eficacia la neutralidad frente a quienes usan la política para el favoritismo. Por Guillermo Fatás (Heraldo de Aragón, 19 de marzo de 2012)
EN 1809, cuando Beethoven creó sus sinfonías quinta y sexta y una ‘Fantasía’ precursora de la novena, Goya, de visita en Zaragoza, concibió sus ‘Desastres’. Además del genio y la época, tenían en común que ambos eran funcionarios. Trabajaban para la Administración (el Estado, la Corona, tanto da), como Azara, Cajal y María Moliner, Cervantes, Velázquez, Unamuno o Machado. Los predicadores que infaman hoy al funcionario como arquetipo de parásito desmotivado e inútil merecen una réplica por ignorantes o por interesados.
El funcionario existe para que la Administración sea independiente del turno político y tiene el deber de neutralidad. En la época de la Restauración canovista, cuando el partido conservador y el liberal pactaban la alternancia, un cambio de gobierno acarreaba miles de destituciones. Los empleados del Gobierno eran, en gran medida, de libre designación, seres apesebrados. Por eso, cuando cambiaba el turno, se quedaban sin empleo hasta la vez siguiente. Con suerte, cobraban una magra cesantía.
Una función pública diseñada a la medida de los partidos fue hija de lo que Costa –otro funcionario– llamó, en su famoso estudio-encuesta, ‘Oligarquía y caciquismo como la forma actual de Gobierno de España: urgencia y modo de cambiarla’. O sea que los enchufados eran ya un vicio de estructura.
El funcionariado independiente y profesionalizado es un requisito sine qua non para el afianzamien- to del Estado de derecho. Por ello, el funcionario ha de probar su competencia en pruebas públicas en las que, por mandato de la Constitución, la Administración tendrá solo en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad. No es una garantía total, pero usualmente asegura un buen nivel de eficacia. Y en cuanto a la fijeza del puesto de trabajo, está sujeta a inspección y a sanciones que llegan a la exclusión del servicio, que afecta lo mismo a magistrados que a generales. Y no es broma.
Sólo así puede el funcionario ser indócil frente a un político arbitrario. Nada hay más irritante para el político abusón que el técnico público, el jefe de servicio, el interventor, el secretario que da fe de lo que se hace y lo que no, que el médico, profesor, fiscal, diplomático, letrado, policía o juez que, por mor de la ley, no se pliega a su capricho.
Hay una buena porción de responsables políticos en cuyos currículos se transparenta una biografía hecha en exclusiva de ‘lealtades incondicionales’ al partido o al jefe: todo un modo de ser. Si el polí- tico es de los que llegan al puesto sin más ‘cultura’ de servicio que la de su partido, no se fiará de los funcionarios, y con todo motivo.
Como el funcionario no tiene por qué suscribir las lealtades particulares de su jefe ocasional, de esa disonancia nacen los cargos ‘de confianza’ en puestos eventuales, nombrados ‘a dedo’. No son una
idea nociva en sí, pero han proliferado, son miles y una causa injusta de descrédito para los fun- cionarios de carrera. Unos y otros son empleados públicos, pero los eventuales de libre designación entran sin sujetarse a las reglas de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y no es raro que, por vías torcidas, los ‘enchufados’ consoliden su confort laboral y los máximos niveles de su categoría.
Cierto, que hay funcionarios de mala condición, incluidos los que entraron por la puerta trasera. Pe- ro los muchos que ejercen decorosamente son una garantía, diaria y real, aunque invisible, de nuestros derechos frente a la eventual arbitrariedad del gobernante. Por lo demás, hay grupos de funcionarios que reúnen a los mejores profesionales del país, como es el evidente caso de los investigadores.
Leo en J. J. Carreras López el caso de alguien que escribió esto: «Mi profesor está definitivamente contratado por el sueldo vitalicio de 4.000 florines. Por no hacer nada». O sea, convertido en fun- cionario vitalicio y vago perpetuo.
Solo que la carta fue escrita en Viena, el funcionario era Beethoven y precisamente en aquel año suyo prodigioso de 1809. Tan grande es el poder de los prejuicios.
lunes, 23 de enero de 2012
Reproducimos este buen artículo de Francisco J.Bastida, publicado en La nueva España
El desprecio político al funcionariado
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
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El desprecio político al funcionariado
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
lunes, 29 de agosto de 2011
Corrupción y Política
Según la RAE
1. f. Acción y efecto de corromper.
2. f. Alteración o vicio en un libro o escrito.
3. f. Vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. Corrupción de costumbres, de voces.
4. f. Der. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.
Recientemente un comentario al post anterior nos ha señalado 4 incorporaciones al ayuntamiento de "asesores". La personas nombradas como tales son políticos que tenían cargos en la anterior legislatura en distintas administraciones. Tras las nuevas elecciones, no entraron por lista electoral.
Conozco alguno de ellos, y a uno hasta me alegro, personalmente, de verle por aquí. Pero no así.
Por mucho que la ley lo permita, esto es lisa y llanamente corrupción: Colocar en la administración - si no es de una manera, de otra - a personas que por intereses personales o políticos de nuestros "gestores" no han podido acceder al otros cargos a través de la listas electorales.
La disminución de concejales del PSOE ha tenido que ver con este comportamiento. Si embargo lejos de darse cuenta, lejos de cumplir su compromiso de reducir cargos innecesarios, siguen con su éticamente corrupto comportamiento.
(de hecho estaban convencidos de que ganarían por goleada por lo bonita que estaba quedando la ciudad, por el tranvía,... cuando lo que realmente importa al ciudadano es tener gestores razonables y coherentes. Ningún tranvía ni ribera compensa los excesos de la clase política)
Da igual la capacidad y los méritos de estas personas, o lo buenos gestores que puedan ser, incluso que puedan ser muy honestos en comparación con las personas que los colocan. No es ético "colocar" a tus amigos, familiares, o compañeros de partido. Si han de entrar y no son elegidos, que les contraten en su partido con su dinero y no con el público o que opositen en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano.
Los políticos poco a poco se van comiendo la administración. Paralizan las ofertas de empleo público que garantizan la igualdad de oportunidades a cualquier ciudadano para acceder a la función publica, mientras colocan a "su gente" con sueldos mucho más elevados.
El dinero de los ciudadanos, para favorecer a los miembros de un partido político por el mero hecho de que como gobiernan pueden hacerlo. (¡No, no todos lo harían!)
La desfachatez de pensar que el hecho de haber resultado electo y gobernar permite hacer cualquier cosa éticamente incorrecta, corrupta, es lo que hace que los ciudadanos estemos "hasta los mismísimos" de la clase política en general. Por supuesto como buenos neuróticos siempre tienen razones para pensar que actúan éticamente, justificándolo con una moral también corrupta.
El movimiento 15-M, Democracia Real Ya, la plataforma anti desahucios,... tantas y tantas asociaciones y millones de ciudadanos lo están diciendo.
Una vez más demuestran que les importamos NADA. Gobiernan para ellos, por sus intereses, en su provecho económico o de otra índole. Gobierna la corrupción.
A los "gobernantes" no les pido nada (¿para que?). A los "asesores" les pido - con muy poca esperanza - la dignidad de no caer en el juego. Claro que con la que esta cayendo gracias a ellos mismo, serian un ciudadano más con un futuro muy incierto, así, ¡que le den a la dignidad!, que es una cuestión de supervivencia. Los comprendo, es la corrupta sociedad que hemos creado.
Este post es opinión personal del autor.
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